Contra la corrección política
Can Bech número 82 abril-juny 2025
Existe un problema latente en la sociedad y nuestro municipio, Palafrugell no queda exento de esta. Para hacernos una idea, el número de MENAs inscritos en España ha aumentado en ocho años un 221,4 %. A pesar del silencio mediático respecto de la nacionalidad de los delincuentes, van conociéndose cada vez más casos de agresiones, robos e incluso homicidios a cargo de menores extranjeros no acompañados en España.
Es inconcebible que los mismos políticos que llaman irresponsablemente a la inmigración ilegal masiva, se esfuercen luego en ocultar la nacionalidad de los culpables de la devastación que ellos mismos han provocado.
La prueba de la problemática de los Centros de Menas es que nadie quiere uno al lado de su casa, y allí donde han sido abiertos, generalmente se ha incrementado exponencialmente la criminalidad.
Por supuesto, todos los políticos que promueven las fronteras abiertas y el multiculturalismo nunca van a construir un centro de menas en sus barrios ni van a sufrir las consecuencias de la inmigración masiva.
En VOX defendemos los intereses y necesidades de los españoles, esto quiere decir también, cómo no, defender los intereses del pueblo de Palafrugell, y también creemos que hay que proteger el interés superior de estos menores, que no es otro que volver con sus padres a su hogar, en su país de origen.
Todos los partidos menos VOX han optado por utilizar a menores sin sus padres para implantar una agenda de multiculturalidad dictada más allá de nuestras fronteras y han decidido entregar nuestra soberanía, libertad y seguridad al mejor postor.
Los vecinos de Palafrugell merecemos una política inmigratoria que garantice un control estricto de nuestras fronteras y priorice nuestra seguridad por encima de todo. No se puede ignorar el hecho de que muchos de estos menores se ven frecuentemente involucrados en actividades delictivas o pueden ser explotados por redes criminales.
Por eso es imprescindible que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública y los ayuntamientos no pueden ser una excepción.
